Respuesta a mis detractores
Los ataques contra la Relatora Especial de la ONU sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, se están intensificando por su inestimable labor de denuncia del genocidio que el IV Reich sionista, antes conocido como Israel, comete contra los palestinos con la connivencia y beneplácito del muy "democrático" Occidente y sus "valores". Ahora llega el turno de Francia, desde donde su ministro de Exteriores exige su dimisión tras su nuevo informe, de finales de marzo, sobre el mismo tema: el genocidio. Solo que en este informe, añade un dato más: la tortura.
En él se dice que la tortura sistemática se utiliza contra todos los palestinos, incluyendo menores, y que es un "patrón deliberado" como coerción. Esto es lo que ha molestado a los "demócratas" occidentales, de quienes Francia es ahora su vanguardia pidiendo la dimisión de Francesca. Esta ha respondido así:
"Anatomía de una difamación: Respuesta a mis detractores"
Durante más de dos años, mi mandato ha sido objeto de controversias cuidadosamente orquestadas y de creciente virulencia. El 8 de febrero, un miembro del parlamento francés me atacó personalmente basándose en declaraciones truncadas que me atribuían que Israel "es el enemigo común de la humanidad", cuando mi discurso iba dirigido a los países que han armado a Israel, así como a los medios de comunicación y los algoritmos de las redes sociales que han amplificado el discurso genocida (1).
Sin molestarse en verificar el contenido exacto de mis declaraciones ni examinar los hechos, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, se hizo eco inmediatamente de estos ataques a nivel internacional, condenando como «indignantes y reprobables» declaraciones que nunca hice y anunciando que Francia remitiría el asunto al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para exigir mi dimisión.
Sus homólogos italiano, alemán y checo hicieron lo mismo, sin siquiera realizar la verificación básica de los hechos que exigían sus cargos. El 19 de febrero, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reiteró públicamente la misma exigencia.
Si bien la crítica es inherente a cualquier función pública, y más aún cuando se trata de derechos humanos, este caso revela un aspecto preocupante: la implacabilidad con la que algunos Estados prefieren atacar al mensajero en lugar de intentar refutar el mensaje.
La naturaleza sin precedentes y corrosiva de este ataque contra un experto independiente designado por las Naciones Unidas no solo radica en la violencia de las acusaciones y la deliberada invención de mentiras, sino también, y sobre todo, en el hecho de que los más altos niveles del gobierno dirigen y avalan esta maniobra. Por lo tanto, ya no se trata de una simple controversia, sino de un síntoma de la bancarrota de un sistema construido sobre promesas solemnes y tratados internacionales que se invocan en tiempos de paz, pero que se olvidan en cuanto su aplicación resulta inconveniente.
Designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, soy Relatora Especial desde el 1 de mayo de 2022 y desempeñaré mis funciones hasta 2028. Soy la octava persona en ocupar este mandato —y la primera mujer en este cargo— y asumí este compromiso voluntario tras una trayectoria profesional dedicada a la defensa de los derechos humanos, principalmente en las Naciones Unidas —en particular en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (ONURP) en Jerusalén— y a la investigación académica sobre Palestina.
La atención prestada a Israel no es ni una elección personal ni un sesgo: proviene de la resolución 1993/2A del Consejo de Derechos Humanos, adoptada el 19 de febrero de 1993 en respuesta a casi treinta años de ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.
Acusarme de «falta de neutralidad» equivale a una distorsión deliberada de este mandato. Ninguno de los otros catorce relatores especiales de la ONU con mandatos sobre países es objeto de tales ataques; nadie acusa a los relatores responsables de Afganistán, Rusia o Irán de «obsesión» en el cumplimiento de su misión. Pero en cuanto Israel se ve involucrado, el cumplimiento ordinario de un mandato se convierte, a ojos de algunos, incluso dentro de los gobiernos, en una falta que justificar en lugar de un deber que cumplir.
Mi trabajo consiste en establecer y clasificar jurídicamente los hechos en los territorios ocupados, donde impera un dualismo jurídico institucionalizado: la ley civil se aplica a los colonos israelíes y la ley militar a los palestinos, incluidos los niños.
En efecto, Israel es el único país del mundo donde los niños son procesados sistemáticamente en tribunales militares. Describir este sistema como apartheid ejercido contra los palestinos en forma de dictadura militar no es una provocación, sino una aclaración jurídica. Mis informes iniciales presentados a la ONU en 2022-2023 documentaron la obstrucción sistemática del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, la privación arbitraria y sistemática de libertad y el impacto estructural de la ocupación en los niños (2).
Un panóptico al aire libre
El derecho a vivir libremente como pueblo, a decidir su propia voz política, a gestionar sus recursos, a forjar su propio futuro: la autodeterminación es un requisito indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos. Su negación constituye la base de todo proyecto de asentamiento colonial.
Durante décadas, la fragmentación territorial, la expansión de los asentamientos, las restricciones a la libertad de movimiento, al trabajo, a la educación y al acceso a la justicia, la confiscación de tierras, la demolición de decenas de miles de viviendas, el aislamiento de Gaza y las casi 6.000 muertes, entre ellas aproximadamente 1.200 niños, causadas por los ataques israelíes entre 2008 y 2022, han hecho improbable cualquier posibilidad de una vida libre e independiente.
En todo el territorio palestino ocupado, Israel ha establecido un régimen carcelario —de intensidad y métodos variables— que restringe todas las dimensiones de la vida cotidiana. Constantemente vigilados, con sus movimientos obstaculizados por puestos de control, muros y una opresiva red burocrática, y expuestos perpetuamente a arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los palestinos viven en lo que equivale a un panóptico al aire libre (3).
Mi informe sobre la infancia, finalizado justo antes y presentado inmediatamente después de los atentados del 7 de octubre de 2023, es a la vez el más contundente y el menos comentado. Aborda el proceso de «desnudamiento infantil», término acuñado por la académica israelí-palestina Nadera Shalhoub-Kevorkian (4), para describir la vida cotidiana de niños privados de protección e inocencia, que crecen en medio de una violencia generalizada: asesinados, mutilados, huérfanos, testigos de la muerte o la humillación perpetua de sus seres queridos y de la destrucción de sus hogares. Ignorar su desesperación es renunciar a una parte de nuestra humanidad y violar la obligación más sagrada del mundo y del derecho internacional: proteger a la infancia.
Mi informe de marzo de 2024 sigue este mismo enfoque; también se centra en las víctimas de un sistema estructurado. Titulado "Anatomía de un genocidio (5)", documenta los primeros cinco meses de ataques israelíes contra Gaza tras las masacres cometidas por Hamás el 7 de octubre de 2023: asesinatos, graves daños físicos y mentales, y sometimiento a condiciones de vida destinadas a la destrucción del grupo, todo ello en un contexto de retórica deshumanizadora por parte de funcionarios estatales.
Durante este período, Israel disfrazó sus acciones con un "camuflaje humanitario", expresado en un lenguaje tranquilizador —"conflicto", "daños colaterales", "zonas seguras", "órdenes de evacuación"— para justificar la progresiva desaparición de Gaza y su identidad, la supresión de la capacidad de los palestinos para existir como comunidad, para habitar su tierra, para transmitir su memoria.
En el siguiente informe, "El borrado colonial a través del genocidio (6)", mostré cómo este genocidio se extiende a Cisjordania y Jerusalén Este a través de la limpieza étnica, todo lo cual constituye el resultado lógico de una empresa colonial de asentamiento: borrar para reemplazar, destruir para apropiarse.
No soy el único que ha llegado a estas conclusiones. Ya en enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que existía un riesgo plausible de violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y ordenó medidas provisionales. En julio de 2024, la Corte también dictaminó que la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado era ilegal y exigió su cese inmediato e incondicional. Finalmente, la Corte halló pruebas de discriminación sistémica, violaciones de la prohibición de la segregación racial y el apartheid, así como de políticas de anexión.
Innumerables instituciones y organizaciones han llegado a la conclusión de que Israel está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino en el pequeño territorio que queda de Palestina.
El historiador israelí Raz Segal dio la voz de alarma en octubre de 2023. En 2024, historiadores israelíes especializados en el Holocausto, como Amos Goldberg y Omer Bartov, también creían que su país estaba cometiendo genocidio (7).
Unos meses más tarde, Amnistía Internacional llegó a la misma conclusión y, en julio de 2025 (8), la organización israelí B'Tselem publicó un informe en ese sentido bajo un título condenatorio, aún más impactante cuando uno lo imagina en hebreo: "Nuestro genocidio" (9).
Finalmente, y entre muchos otros, en septiembre de 2025, la comisión internacional independiente de investigación, con mandato de la ONU, también declaró que se estaba produciendo un genocidio en Gaza (10).
A pesar de la meticulosa documentación de los crímenes cometidos, estos informes recibieron escasa o nula atención de los medios de comunicación y los gobiernos occidentales. Ante la ausencia de una decisión judicial formal, la comisión de investigación representa lo más cercano a una conclusión cuasi judicial basada en el establecimiento de los hechos y un análisis del derecho.
En cualquier caso, la obligación de prevenir el genocidio surge en cuanto se identifica un riesgo grave. En enero de 2024, cuando la CIJ reconoció un riesgo plausible en Gaza, los Estados tuvieron que actuar, empezando por suspender las transferencias de armas.
Mi análisis sobre la complicidad de ciertas empresas, publicado en julio de 2025, provocó las reacciones más virulentas. En él, describo la «economía del genocidio (11)»: una red de actores privados que, mediante sus inversiones, tecnologías, servicios y cadenas de suministro, sustentan materialmente la realidad descrita en informes anteriores.
Dicha implicación conlleva una responsabilidad. Poner fin al genocidio también significa desmantelar las estructuras económicas que lo hacen posible y rentable.
Este informe llevó a Estados Unidos a imponerme sanciones draconianas a partir de agosto de 2025, una práctica que ya se aplica a jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) y a varias organizaciones palestinas.
Me encuentro aislada económicamente del mundo. Cualquier persona con vínculos conmigo, incluidos miembros de mi familia (soy madre de una hija que es ciudadana estadounidense), se enfrenta a multas de un millón de dólares y veinte años de prisión. Mi capacidad para desempeñar mis funciones y, sencillamente, para vivir mi vida, se ve gravemente obstaculizada.
Aunque estos ataques cuentan con el apoyo de mi país, Italia, y ante la falta de apoyo concreto de otros Estados, he continuado mi misión. Mi informe más reciente describe el genocidio en Gaza como un «crimen colectivo (12)», porque fue posible y financiado por el apoyo político y militar inquebrantable de varios Estados, incluidos aquellos que ahora me atacan con mayor virulencia.
Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, el mayor proveedor de armas a Israel, mientras que varios estados miembros de la Unión Europea continúan impulsando estas transferencias; la Unión también sigue siendo el mayor socio comercial de Tel Aviv.
Salvo algunas excepciones, como España o Eslovenia, los estados del Viejo Continente han optado por la inacción o la complicidad.
Francia, por ejemplo, ha permitido repetidamente que Benjamin Netanyahu sobrevuele su espacio aéreo a pesar de la orden de arresto emitida por la CPI en su contra. París ha continuado comerciando con equipo militar, ha facilitado el tránsito por sus puertos y aeropuertos y ha mantenido intensas relaciones comerciales con Israel.
Los principales bancos franceses financian empresas vinculadas a la industria militar israelí y a los asentamientos, mientras que varios miles de franco-israelíes sirven en el ejército israelí.
Criminalizar la solidaridad
Al mismo tiempo, se intensifica la represión de las protestas: se prohíben las manifestaciones, se censuran las conferencias académicas, se acusa a activistas y periodistas de "apología del terrorismo" y las intervenciones policiales son violentas.
Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido encabezan esta represión, bajo el pretexto de una lucha legítima contra el antisemitismo.
Los proyectos de ley proponen equiparar la lucha esencial contra el antisemitismo y todas las formas de racismo con la prohibición de cualquier crítica a Israel como Estado. Presentada como algo evidente, esta equiparación de nuestros hermanos y hermanas judíos con la política israelí forma parte de una ofensiva política: instrumentalizar la lucha contra el antisemitismo para criminalizar las expresiones de solidaridad con el pueblo palestino y justificar campañas de desprestigio.
Debido a que critican las políticas de Tel Aviv, los ciudadanos israelíes y los judíos de todo el mundo son objeto de las mismas campañas de desprestigio. Sus voces son silenciadas y su lealtad puesta en duda.
El antisemitismo, horrible y odioso, es odio hacia los judíos: no tiene nada que ver con la labor de quienes defienden los derechos humanos, que se centra en el análisis de las acciones de un Estado.
Todo el sistema de derecho internacional se fundamenta en el principio de responsabilidad estatal. Los Estados asumen obligaciones jurídicas y son quienes deben responder, ante todo, por sus violaciones. Israel no es una excepción: las críticas al Estado de Israel no se dirigen a lo que es ni a la religión que profesa, sino a sus acciones, en particular con respecto al derecho internacional, que viola gravemente, reiteradamente y con persistente impunidad.
La cuestión que se plantea no es ideológica, sino jurídica: ¿está Francia respetando sus obligaciones internacionales al adoptar tales medidas? Mi mandato como Relatora Especial me enseñó algo fundamental: cuando se desafía al poder, este no debate, sino que ataca. Difamar para desacreditar, intimidar para silenciar; la violencia denota nerviosismo, no fortaleza.
Mi trabajo sigue la estela de mis predecesores: John Dugard, Richard Falk y Michael Lynk. Ellos también fueron acusados de antisemitismo o complicidad con el terrorismo. Contra ellos también se empleó la táctica de sustituir los hechos documentados por polémicas y el análisis jurídico por ataques personales. Este mecanismo está ya bien establecido.
Grupos proisraelíes, liderados por UN Watch, con sede en Ginebra, llevan años publicando informes difamatorios contra cualquiera, especialmente dentro de las Naciones Unidas, que documente violaciones del derecho internacional cometidas por Tel Aviv. Con el pretexto de contrarrestar el “trato desproporcionado a Israel”, estos grupos aíslan y fragmentan las declaraciones para distorsionar su significado, y luego amplifican y repiten su desinformación hasta que parece cierta.
Tras un análisis más detenido, los supuestos informes de estos grupos resultan poco creíbles. Dentro de las Naciones Unidas, su naturaleza mendaz y difamatoria es de sobra conocida. Las acusaciones de que justifiqué las atrocidades del 7 de octubre de 2023, negué la violencia sexual o minimicé el sufrimiento de los rehenes se basan en esta invención, a pesar de que he condenado de forma inequívoca e implacable los ataques contra civiles israelíes del 7 de octubre y los crímenes de Hamás en general.
Los he condenado inequívocamente como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cuyos autores deben ser llevados ante la justicia mediante procedimientos internacionales. He condenado la violencia sexual cometida contra víctimas israelíes, tal como lo documentó la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas (13), y, de conformidad con el derecho internacional, considero que la violación utilizada en un contexto de hostilidad es un arma de guerra que puede constituir un crimen de guerra y, según las circunstancias, un crimen de lesa humanidad.
La justicia internacional no opera mediante la indignación selectiva ni la manipulación política. Se basa en la clasificación jurídica de los hechos, el establecimiento de responsabilidades individuales y el respeto al debido proceso para todos, sin excepción.
Aunque mi condena de las masacres y otros crímenes contra civiles israelíes ha sido inequívoca, he cuestionado la afirmación generalizada, especialmente en Francia por alguna razón que se me escapa, de que fueron motivados principalmente por el antisemitismo (14): como han señalado eminentes especialistas del Holocausto y el antisemitismo, esta lectura es errónea y peligrosa, porque oscurece las causas estructurales de la violencia y distorsiona su análisis (15).
Si bien el antisemitismo puede haber desempeñado un papel a nivel individual para algunos de los atacantes, estas masacres, como afirmó el Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. António Guterres, tuvieron lugar en el contexto de cincuenta y seis años de ocupación asfixiante (16).
Ningún delito justifica otro. Pero ignorar el contexto perpetúa una interpretación distorsionada que corre el riesgo de alimentar el ciclo de violencia en lugar de resolverlo, poniendo en peligro tanto a palestinos como a israelíes.
Debemos señalar lo que revela esta campaña: la energía desplegada para difamarme contrasta fuertemente con el silencio que rodea los crímenes que se siguen cometiendo en Gaza y la inacción respecto a las personas sujetas a órdenes de arresto internacionales ante la CPI. Bajo el pretexto de "exigir responsabilidades a la ONU", el verdadero objetivo es redefinir la defensa de los derechos humanos como una postura partidista.
La ironía es evidente. En septiembre de 2025, Francia reconoció al Estado de Palestina, un gesto aclamado como una señal contundente, un punto de inflexión simbólico. Pero reconocer a un Estado cuyo ocupante se apoya activamente, sin ejercer presión para garantizar que el ocupante respete el derecho internacional y proceda con la retirada incondicional de los territorios ocupados exigida por la CIJ, es más una cuestión de postura diplomática que de compromiso jurídico y político.
Reconocer un Estado sin territorio, sin soberanía, sin que se ponga fin a la ocupación, no es más que mera retórica vacía, sobre todo cuando se pretende intimidar a los expertos encargados de documentar con precisión las violaciones que imposibilitan la creación efectiva de dicho Estado. No se puede reconocer a Palestina el lunes y luego intentar silenciar a sus defensores el resto de la semana.
Los líderes que participan en este juego no solo me atacan personalmente. Están sacrificando el orden jurídico internacional y acelerando el desmantelamiento del derecho internacional humanitario y las instituciones que lo garantizan, justo en el momento en que su supervivencia está en juego.
Es posible huir de la verdad, pero mucho más difícil ocultarla. Es solo cuestión de tiempo antes de que la justicia llame a la puerta de los responsables de los crímenes en Gaza y sus cómplices.
La destrucción de Gaza ha despertado conciencias que se creían anestesiadas y ha puesto de manifiesto lo que muchos se negaban a ver: no solo la brutalidad de la ocupación, sino también la complicidad activa de nuestras democracias occidentales en su perpetuación.
Porque Israel no es una anomalía en el orden mundial; en muchos aspectos, es su espejo, en el que descubrimos lógicas de excepción, jerarquías coloniales entre vidas dignas de duelo y vidas que deben ser sacrificadas, una retórica de seguridad que garantiza la impunidad.
La mayoría de los gobiernos occidentales no se enfrentan a Israel, porque hacerlo pondría en entredicho su propia imagen.
¿Patria de los derechos humanos?
Por eso resulta a la vez instructivo y triste que Francia, la autoproclamada patria de los derechos humanos, se encuentre en primera línea, no para defender un principio, sino para proteger un statu quo; no para promover el derecho internacional, sino para neutralizar a sus guardianes.
Sin embargo, algo ha cambiado. Ha surgido un movimiento —en los campus universitarios, en las redes sociales, en las calles, en los tribunales— que exige verdadera justicia social, respeto efectivo por los derechos humanos, multilateralismo decolonial y la universalidad de sus principios sin excepción.
Una universalidad que rechaza el apartheid, incluso cuando lo practica un Estado aliado con las capitales occidentales.
Este movimiento no será silenciado por campañas de desprestigio. No se dejará amedrentar por sanciones ni represión.
Crece y se fortalece a medida que se revelan las mentiras y distorsiones que buscan desacreditarlo.
(1) Véase el texto completo de mi declaración en el Foro de Al-Jazeera (Foro AJ), X (ex-Twitter), 9 de febrero de 2026.
(2) Véanse los informes del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (A/77/356), la privación arbitraria de libertad en el territorio palestino ocupado: la experiencia de los palestinos en prisión y en libertad (A/HRC/53/59) y la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (A/78/545), del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, de 21 de septiembre de 2022, 28 de agosto de 2023 y 20 de octubre de 2023, respectivamente.
(3) Cf. Michel Foucault, Vigilar y castigar: El nacimiento de la prisión, Gallimard, París, 1975.
(4) Nadera Shalhoub-Kevorkian, Infancia encarcelada y la política de la deschildización, Cambridge University Press, 2019.
(5) “Anatomía de un genocidio” (A/HRC/55/73), informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, 1 de julio de 2004.
(6) “El borrado colonial mediante el genocidio” (A/79/384), informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, 1 de octubre de 2024.
(7) Cf. Raz Segal, “Un caso de libro de texto de genocidio” , JewishCurrents, 13 de octubre de 2023; Amos Goldberg, “Lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, porque Gaza ya no existe” , Le Monde, 29 de octubre de 2024; Omer Bartov, “Un historiador del genocidio frente a Israel” , Orient XXI, 5 de septiembre de 2024.
(8) “Israel y el territorio palestino ocupado. La investigación de Amnistía Internacional concluye que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza” , Amnistía Internacional, 5 de diciembre de 2024.
(9) “Nuestro genocidio” , B’Tselem, julio de 2025.
(10) Véase el Boletín Informativo de la ONU , 16 de septiembre de 2025.
(11) “De una economía de ocupación a una economía de genocidio” (A/HRC/59/23), informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, 2 de julio de 2025.
(12) “Genocidio de Gaza: un crimen colectivo” (PDF), informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Naciones Unidas, 20 de octubre de 2025, www.ohchr.org
(13) Cf. “Conclusiones detalladas sobre los ataques perpetrados a partir del 7 de octubre de 2023 en Israel” (PDF), Naciones Unidas, 10 de junio de 2024.
(14) Cf. “La “prohibición” simbólica de Israel no debe desviar la atención de los crímenes atroces en Gaza: UN experto” , Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 15 de febrero de 2024.
(15) Cf. Omer Bartov, Christopher R. Browning, Jane Caplan, Debórah Dwork, David Feldman et al., “Una carta abierta sobre el mal uso de la memoria del Holocausto” , The New York Review of Books, 20 de noviembre de 2023.
(16) Véase “Observaciones del Secretario General ante el Consejo de Seguridad — sobre el Medio Oriente” , 24 de octubre de 2023.
Francesca Albanese
