Diez maneras en que la Operación Inundación de Al-Aqsa destrozó el mito de la invencibilidad israelí y transformó el mundo
Hala era una niña en Gaza cuando el régimen israelí asesinó a sus padres. En los años que siguieron, aprendió el lenguaje de la pérdida antes de tener edad suficiente para comprender la ocupación que la había provocado. Sin embargo, cuando le preguntaban qué quedaba, aún conservaba algo: su fe en Dios y la creencia de que la vida podía, de alguna manera, continuar más allá de las ruinas.
Esa es la paradoja que subyace en el mundo tras la operación de la inundación de Al-Aqsa el 7 de octubre de 2023. Por un lado, estaba una potencia ocupante respaldada por Estados Unidos, armada con algunas de las armas más sofisticadas del planeta y considerada durante mucho tiempo prácticamente intocable.
Por otro lado, estaba una población en una prisión al aire libre, cuyos hogares podían ser destruidos, cuyas familias podían ser destrozadas, y sin embargo, cuya cuestión existencial se negaba a desaparecer.
El 7 de octubre desmanteló la falsa fachada de invencibilidad israelí. Lo que sucedió en Gaza rasgó el velo que envolvía el orden político que había permitido posponer la cuestión palestina mientras el régimen profundizaba su ocupación y Washington seguía protegiéndolo.
Las consecuencias han sido enormes, desde la devastación de Gaza y la creciente presión legal y diplomática sobre Israel hasta la transformación de la opinión pública, la propagación de protestas globales a favor de Palestina, la ruptura de alianzas regionales y la eventual expansión de la guerra a Irán, Líbano, Yemen, Estados Unidos y las rutas energéticas críticas de la región.
Existen muchas maneras de medir la profundidad con la que el mundo cambió tras los sucesos del 7 de octubre. Aquí presentamos diez de las más importantes.
Palestina se acercaba a la condición de Estado y a la liberación
Antes del 7 de octubre, el reconocimiento internacional de Palestina ya era considerable. El Estado de Palestina, que declaró su independencia en 1988, era reconocido por aproximadamente 139 Estados miembros de la ONU. Posteriormente, tras el genocidio israelí en Gaza, se produjo una nueva oleada de reconocimiento.
En 2024, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y las Bahamas reconocieron a Palestina, seguidas por España, Irlanda, Noruega, Eslovenia y Armenia. El movimiento se aceleró en 2025.
El 21 de septiembre, el Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros estados del G7 en reconocer a Palestina, sumándose a Australia y Portugal. Al día siguiente, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y Mónaco hicieron lo propio en una cumbre de la ONU presidida por Francia y Arabia Saudí.
Cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Gran Bretaña, Francia, Rusia y China) habían reconocido a Palestina, dejando a Estados Unidos como el único país que no lo hacía entre los cinco.
La importancia no ha sido meramente numérica. Durante décadas, los gobiernos occidentales habían sostenido que el reconocimiento solo debía producirse tras las llamadas negociaciones.
Tras el 7 de octubre, esa lógica empezó a resquebrajarse. La cuestión palestina ya no podía posponerse indefinidamente mientras las negociaciones fracasaban en la creación de un Estado.
Muchos expertos han visto este reconocimiento como un preludio a la liberación definitiva de todos los territorios ocupados de las garras del régimen del apartheid, responsable del asesinato de niños.
Los crímenes de Israel fueron llevados ante los tribunales más altos del mundo
El genocidio de Gaza tras la operación de la inundación de Al-Aqsa también cambió el lugar donde se libraba la lucha palestina: del campo de batalla a los tribunales internacionales.
En diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La CIJ dictó medidas provisionales en enero de 2024 y emitió nuevas resoluciones en marzo y mayo.
En julio de 2024, el máximo tribunal de la ONU declaró que el abuso de Israel de su condición de potencia ocupante convierte su presencia en el territorio palestino ocupado en ilegal. Hizo hincapié en que la presencia continua de Israel es ilegal y debe cesar lo antes posible.
La CIJ incluso citó varias políticas, entre ellas la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, la explotación de los recursos naturales, la anexión y las políticas discriminatorias contra los palestinos, todas las cuales, según afirmó, violan el derecho internacional.
La batalla legal fue importante porque cambió el discurso en torno a Palestina. Las instituciones jurídicas internacionales estaban examinando la conducta de Israel en la guerra contra Gaza y la legalidad de la ocupación misma.
El proceso sentó las bases jurídicas para las sanciones, las impugnaciones a las exportaciones de armas y las campañas de boicot.
En septiembre de 2026, Gran Bretaña, Francia y Canadá anunciaron que impondrían un importante conjunto de sanciones al régimen israelí por la expansión de sus asentamientos en la Cisjordania ocupada.
El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Guerra, Yoav Gallant.
El tribunal afirmó que existían motivos razonables para creer que ambos eran responsables del crimen de guerra de inanición como método bélico, así como de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Asimismo, consideró que existían motivos razonables para creer que eran responsables de dirigir intencionadamente ataques contra civiles.
Las órdenes judiciales extendieron las consecuencias legales de la guerra genocida de Israel en Gaza más allá del campo de batalla, adentrándose en la esfera de la diplomacia internacional.
Para Netanyahu en particular, la orden judicial complicaba sus viajes a los países signatarios del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte Penal Internacional (CPI). Actualmente, la Corte cuenta con 125 Estados Partes, cuyas obligaciones incluyen cooperar con ella en los casos que caen dentro de su jurisdicción.
La consecuencia práctica es que una visita diplomática puede conllevar una cuestión jurídica además de su propósito político: si el país anfitrión estaría obligado a actuar en virtud de la orden de la CPI si Netanyahu entrara en su territorio.
Esto ha colocado a los gobiernos de los Estados miembros de la CPI en una posición difícil, entre sus relaciones diplomáticas con Israel y sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma.
El asunto ya ha generado diversas reacciones. El Reino Unido e Irlanda han indicado que respetarían sus obligaciones legales en relación con la orden judicial.
Italia también ha reconocido las obligaciones derivadas de su pertenencia a la CPI. Otros Estados miembros, como Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Lituania, los Países Bajos, Noruega, Eslovenia, España, Suecia y Suiza, también son partes del Estatuto de Roma.
La guerra genocida de Israel contra Gaza generó un segundo escenario de confrontación. Las demandas judiciales, las órdenes de arresto y las dudas sobre el cumplimiento del derecho internacional se han convertido en parte de las consecuencias diplomáticas del genocidio, lo que ha sometido a Israel al escrutinio jurídico internacional.
En la ONU, las cifras se volvieron más difíciles de ignorar
La Asamblea General de la ONU se convirtió en otro indicador del giro diplomático tras el 7 de octubre. Las cifras fueron sorprendentes. El 27 de octubre de 2023, la Asamblea pidió una tregua humanitaria inmediata en Gaza, con 120 países votando a favor, 14 en contra y 45 abstenciones.
Siete meses después, la división se hizo aún más evidente. En mayo de 2024, 143 países respaldaron una resolución que elevaba los derechos de Palestina en las Naciones Unidas e instaba al Consejo de Seguridad de la ONU a reconsiderar su solicitud de ingreso como miembro de pleno derecho. Solo nueve votaron en contra, entre ellos Israel y Estados Unidos, mientras que 25 se abstuvieron.
En septiembre, la Asamblea General de la ONU fue más allá. Votó 124 a 14, con 43 abstenciones, para exigir que el régimen israelí pusiera fin a su “presencia ilegal” en el territorio palestino ocupado en un plazo de 12 meses. Esta resolución se basó en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, que concluyó que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado era ilegal.
En conjunto, los votos ofrecieron una imagen clara del creciente aislamiento diplomático de Israel en la Asamblea General de la ONU.
En cuestiones directamente relacionadas con Gaza, la ocupación y la creación de un Estado palestino, Israel se vio cada vez más aislado, y Estados Unidos figuraba con frecuencia entre los pocos países que votaban a su lado.
La importancia de estas votaciones radicaba en su carácter político. Votación tras votación demostraba que Israel estaba perdiendo terreno en el ámbito diplomático general, mientras que el apoyo a los derechos palestinos se consolidaba en gran parte de la comunidad internacional.
El resultado fue una brecha cada vez mayor entre el régimen israelí y la mayoría de los Estados miembros de la ONU, un cambio que hizo que las repercusiones diplomáticas del genocidio fueran cada vez más difíciles de contener para Israel.
La imagen de Israel se derrumbó por completo, incluso en Estados Unidos
Quizás la prueba más clara del cambio tras los sucesos del 7 de octubre no provino de los gobiernos y líderes mundiales, sino del público en general, desde el sur de Asia hasta África y los Estados Unidos.
Durante décadas, Israel gozó de una ventaja significativa en la simpatía del público estadounidense gracias a sus intensas gestiones de cabildeo. Esa ventaja ha desaparecido por completo.
En la encuesta de Gallup de febrero de 2026, el 41 por ciento de los estadounidenses dijo sentir más simpatía por los palestinos, en comparación con el 36 por ciento que sentía más simpatía por los israelíes. Esta es la primera vez desde que Gallup comenzó a hacer esta pregunta en 2001 que los palestinos toman la delantera.
El cambio fue sorprendente. En 2023, el 54% de los estadounidenses simpatizaba más con los israelíes, frente al 31% que simpatizaba con los palestinos. Para 2025, la diferencia se había reducido al 46% a favor de Israel y al 33% a favor de Palestina. En febrero de 2026, las cifras se habían igualado.
Entre los jóvenes estadounidenses, el cambio fue aún más pronunciado. Gallup descubrió que el 53% de los estadounidenses de entre 18 y 34 años simpatizaban más con los palestinos, en comparación con solo el 23% que simpatizaba más con los israelíes. Esto marcó un mínimo histórico para Israel en ese grupo de edad.
La división política era igualmente marcada. Alrededor del 65 por ciento de los demócratas dijeron simpatizar más con los palestinos, en comparación con el 17 por ciento que simpatizaba más con los israelíes.
Y este cambio no se limitó a Estados Unidos.
Una encuesta del Pew Research Center realizada en 36 países entre febrero y mayo de 2026 reveló que, en promedio, el 67 % de los encuestados expresó una opinión desfavorable sobre Israel. En ninguno de los países encuestados la mayoría tenía una opinión favorable de Israel.
Las cifras en Estados Unidos fueron igualmente contundentes: el 60% de los encuestados expresó una opinión desfavorable de Israel, frente al 37% que la veía favorablemente. Entre los estadounidenses de 18 a 34 años, la cifra fue aún mayor, con un 74% que expresó una opinión desfavorable.
Las cifras sugieren un cambio profundo en la percepción que el público tiene de Israel, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
Para un régimen que durante décadas se benefició de una fuerte simpatía pública en Estados Unidos y de estrechos lazos políticos con los gobiernos occidentales, el cambio representa una pérdida significativa de la buena voluntad internacional en la que se basaba gran parte de esa relación.
Palestina se convirtió en un movimiento de masas en las calles y los campus universitarios
El cambio en la opinión pública no se limitó a las encuestas. Se hizo visible en las calles, en los campus universitarios y, finalmente, en las urnas de todo el mundo.
En Estados Unidos, el Crowd Counting Consortium, un proyecto en el que participan la Universidad de Connecticut y el Ash Center de Harvard, registró aproximadamente 12.400 protestas propalestinas entre el 7 de octubre de 2023 y el 7 de junio de 2024.
La magnitud del evento fue extraordinaria y se extendió mucho más allá de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Durante las primeras cinco semanas posteriores al 7 de octubre, el consorcio registró más de 950 eventos en 48 estados, que atrajeron a millones de personas.
Las protestas pronto se extendieron a las universidades del país, convirtiendo los campus en algunos de los lugares más visibles de oposición al genocidio israelí en Gaza. El consorcio registró más de 3.700 días de protesta en 525 escuelas de 317 localidades. Se instalaron campamentos en más de 130 instituciones y se registraron 3.645 arrestos en escuelas.
Las manifestaciones no fueron un fenómeno exclusivamente estadounidense. La base de datos Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) registró aproximadamente 4.200 manifestaciones en casi 100 países durante las tres primeras semanas posteriores al 7 de octubre.
Representaron el 38 por ciento de todas las manifestaciones registradas en el mundo durante ese período, y cerca del 86 por ciento se clasificaron como propalestinas. En Estados Unidos se registraron más de 600.
Lo que comenzó como una protesta callejera se fue incorporando cada vez más a la política formal. En Estados Unidos, la campaña "Uncommitted" (Indecisos) durante las primarias demócratas de 2024 obtuvo aproximadamente 704.000 votos a nivel nacional para junio de 2024, lo que indica la oposición al enfoque del expresidente Joe Biden sobre el genocidio entre un sector importante del electorado demócrata.
En Gran Bretaña, cinco candidatos independientes que hicieron campaña en contra de la guerra de Israel en Gaza obtuvieron escaños en las elecciones generales de 2024, entre ellos el exlíder laborista Jeremy Corbyn.
La importancia no radicaba únicamente en el número de manifestaciones. Se trataba de un movimiento creciente de votantes, estudiantes y manifestantes que denunciaban los crímenes de Israel en espacios públicos y campañas políticas, haciendo cada vez más visible la pérdida de apoyo.
Finalmente, la presión se desplazó de las declaraciones diplomáticas al armamento y el comercio.
En septiembre de 2024, Gran Bretaña suspendió alrededor de 30 de sus aproximadamente 350 licencias de exportación de armas al régimen israelí, alegando un "riesgo claro" de que algunos equipos "pudieran utilizarse en graves violaciones del derecho internacional humanitario".
La decisión no supuso un embargo total de armas debido a los sólidos lazos que unían a ambos países, pero marcó un cambio significativo con respecto al comercio militar sin restricciones con Israel, principalmente debido a la presión pública en el Reino Unido.
Alemania, uno de los proveedores más importantes de armamento para el régimen israelí durante décadas, también se vio sometida a una creciente presión por sus exportaciones.
Según datos del SIPRI, Alemania representó alrededor del 30 por ciento de las principales importaciones de armas de Israel entre 2019 y 2023. Posteriormente, Berlín impuso restricciones a ciertas exportaciones militares que podrían usarse en Gaza, antes de reanudarlas tras el llamado alto el fuego.
Otros gobiernos adoptaron medidas que fueron más allá de las restricciones a las armas. Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2023, seguida por Colombia en 2024. Turquía suspendió el comercio con Israel, mientras que España, Eslovenia y los Países Bajos introdujeron diversas restricciones que afectaban a las armas o al comercio.
Estas medidas reflejaron un cambio notable en el coste político de mantener relaciones estrechas con el régimen israelí.
Para los gobiernos que durante mucho tiempo habían considerado que sus vínculos con Israel estaban prácticamente exentos de críticas internacionales, el genocidio de Gaza hizo que esa postura fuera cada vez más difícil de mantener.
La venta de armas, los acuerdos comerciales y las relaciones diplomáticas dejaron de ser cuestiones de política exterior. Se habían convertido en asuntos políticos internos, cuestiones jurídicas y fuentes de presión internacional.
Cuanto más se prolongaba el genocidio, más gobiernos se veían obligados a tomar una decisión que antes habían podido evitar: mantener los vínculos establecidos con el régimen mientras se enfrentaban a una creciente oposición tanto a nivel nacional como internacional, o imponer restricciones y acatar el derecho internacional.
La dinámica de Asia Occidental cambió
Antes del 7 de octubre, Estados Unidos estaba trabajando para negociar un acuerdo que pudiera haber establecido relaciones formales entre Arabia Saudita e Israel, basándose en los "acuerdos de normalización" alcanzados por varios estados árabes en el marco de los llamados Acuerdos de Abraham.
La operación de descontaminación de Al-Aqsa interrumpió esa trayectoria. Arabia Saudita se vio obligada a rectificar y declarar que la normalización de relaciones con Israel ya no podía separarse de la cuestión palestina. Riad afirmó que cualquier acuerdo requeriría un camino creíble e irreversible hacia el establecimiento de un Estado palestino.
Eso representó un cambio significativo en el panorama diplomático. La cuestión palestina, que el creciente proceso de "normalización" parecía cada vez más capaz de relegar a los márgenes de la diplomacia regional, volvió a ocupar un lugar central.
Las consecuencias se extendieron más allá de las relaciones del régimen con el reino. El orden regional que Estados Unidos quería construir mediante lazos de seguridad más estrechos entre Estados Unidos y los países árabes se vio cada vez más marcado por la guerra y la confrontación militar.
Para 2026, las repercusiones regionales se habían extendido aún más. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán llevó la confrontación directamente al Golfo Pérsico, con la República Islámica lanzando ataques de represalia contra los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin.
Los gobiernos del Golfo Pérsico, que habían dedicado años a buscar la integración económica, la normalización diplomática y unos lazos de seguridad más estrechos con Washington, se vieron envueltos en una creciente confrontación militar junto a Estados Unidos, al tiempo que lanzaban ataques contra Irán.
Las consecuencias obligaron a reevaluar la arquitectura de seguridad de la región.
Para los estados del Golfo Pérsico, la estrecha alianza con Washington se había presentado durante mucho tiempo como una fuente de protección. Pero a medida que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se intensificaba, esa misma alianza los expuso cada vez más a represalias y convirtió su territorio en parte de un campo de batalla regional más amplio.
La guerra llegó a Irán y puso en entredicho su estructura de seguridad
El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una importante agresión militar contra Irán —la segunda guerra no provocada en un año— mientras aún se estaban llevando a cabo negociaciones nucleares.
La agresión militar tuvo como objetivo tanto la infraestructura militar como la civil en todo el país, y también provocó el martirio del Líder de la Revolución Islámica y de muchos altos mandos militares y funcionarios gubernamentales.
La respuesta de Irán demostró rápidamente que la guerra no se limitaría a su territorio. Teherán lanzó oleadas de misiles y drones contra los territorios ocupados por Israel y contra bases e instalaciones militares estadounidenses en todo el Golfo Pérsico, extendiendo la confrontación a Bahréin, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y otros países que albergan bases estadounidenses.
La represalia puso al descubierto la vulnerabilidad que se escondía tras la aparente superioridad militar estadounidense. Estados Unidos podía proyectar una fuerza descomunal en la región, pero no logró proteger la extensa red de bases, personal e infraestructura necesaria para mantener dicha presencia.
Una evaluación posterior del inspector general del Pentágono concluyó que los ataques de represalia iraníes habían dañado o destruido cientos de edificios y estructuras en bases estadounidenses en Kuwait, Bahréin, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak y Jordania.
Los ataques también contribuyeron a una importante escasez de municiones esenciales para Estados Unidos y obligaron al ejército a modificar la forma en que desplegaba a su personal, equipo e instalaciones de suministro.
Los daños no se limitaron a las instalaciones militares. Las sedes diplomáticas estadounidenses en cuatro países sufrieron daños materiales estimados en 184 millones de dólares, mientras que miles de ciudadanos estadounidenses fueron evacuados de la región.
La guerra también había supuesto unos costes enormes para Washington: el Pentágono estimó que, a finales de junio, los costes ascendían a más de 33.000 millones de dólares, incluyendo más de 22.000 millones en municiones gastadas.
Las consecuencias logísticas fueron igualmente reveladoras. Los daños y las interrupciones en las instalaciones estadounidenses obligaron a los planificadores del país a depender en mayor medida de infraestructuras distantes, como la de Diego García, en el océano Índico. En algunos casos, los ciclos de reabastecimiento se extendieron hasta 14 o 18 días.
El organismo de control del Pentágono advirtió que los cambios en la presencia militar estadounidense en la región podrían volverse permanentes.
La respuesta de Irán también puso en tela de juicio las ideas preconcebidas sobre el equilibrio de poder en la región. A pesar de enfrentarse a una coalición militar estadounidense-israelí mucho mayor, Irán logró mantener la represalia en múltiples frentes, atacar posiciones estadounidenses y aliadas e interrumpir la infraestructura militar regional.
Irán demostró que la superioridad militar no se traducía en un control indiscutible de la región, y que Teherán conservaba la capacidad de influir en los costos, la geografía y la duración de una guerra que se le impusiera.
Ormuz convirtió la guerra impuesta en un shock económico
Luego llegó el estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos energéticos más importantes del mundo, y la perturbación que siguió a la guerra del 28 de febrero provocó un fuerte repunte en los mercados petroleros.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) informó que el crudo Brent, que había comenzado 2026 en torno a los 61 dólares por barril, alcanzó los 118 dólares a finales de marzo, a medida que se afianzaban el cierre y las interrupciones generalizadas del suministro.
Para abril, los efectos ya no se limitaban al Golfo Pérsico. La interrupción del flujo de petróleo tensó los mercados mundiales, mientras los compradores se esforzaban por encontrar fuentes de suministro alternativas. La EIA describió la situación resultante como una extrema contracción del mercado a corto plazo.
La restricción del tráfico a través del estrecho de Ormuz cambió la escala de la guerra. Irán demostró su capacidad para controlar la infraestructura de la que depende la economía internacional. Los costos se trasladaron de los presupuestos militares y las bases dañadas a los mercados de combustible, el transporte marítimo, la inflación y el crecimiento económico.
El resultado fue un sorprendente cambio en el equilibrio convencional. Estados Unidos e Israel podían imponer una guerra a Irán, pero Teherán podía imponer costos que iban mucho más allá del campo de batalla, afectando a las fuerzas estadounidenses, la infraestructura del Golfo Pérsico y los mercados energéticos mundiales.
El 7 de octubre se rompió el orden político que había permitido que la cuestión palestina quedara relegada a un segundo plano. Israel se enfrentó a un creciente aislamiento diplomático y legal, el apoyo público se erosionó, la llamada normalización regional se vio interrumpida y la guerra se extendió a Irán.
Irán demostró que ni siquiera el abrumador poder militar estadounidense podía impedir que Teherán mantuviera las represalias, atacando objetivos estadounidenses en la región y obligando a Washington a asumir importantes costes militares y estratégicos.
El 7 de octubre supuso una sentencia de muerte estratégica para el antiguo orden regional. Puso al descubierto la fragilidad que se escondía tras la aparente fortaleza israelí y estadounidense, demostrando la rapidez con la que sus supuestos sobre seguridad, disuasión y control regional podían desmoronarse. Lo que parecía un orden estable se reveló de repente como un mecanismo susceptible de ser desafiado y transformado desde dentro de la propia región.
Humaira Ahad
P.D.- En el faro de la libertad y adalid del mundo libre, Estados Unidos, se acaba de conocer esto (traducido, para mejor comprensión):
Esto no empezó con la primera presidencia de Trump, pero se llevaba con sordina y no eran muchos. Pero lo siguió haciendo Biden bajo su presidencia y fue en 2021 cuando se comenzó a hacer un seguimiento de ello. El curso 2021-22, se prohibieron 2.532 libros en las escuelas; en 2022-23 fueron 3.362; en 2023-2024 fueron 10.046; en 2024-25 fueron 6.870, y en 2025-26 han sido 11.982. Por lugares, Texas es el más prohibitivo, seguido de Florida, Ohio y Utah.
¿Qué tipo de libros se prohíben? De todos, desde políticos a mangas. Oficialmente por "Poner fin al adoctrinamiento radical en la educación primaria y secundaria", "Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género" y "Poner fin a los programas gubernamentales de DEI radicales y derrochadores y a la preferencia".
¿Dónde encaja "Jane Eyre", de Charlotte Brontë? Misterio, pero es uno de los prohibidos este curso.
Esto es solo un adelanto de lo que se avecina con el ascenso del fascismo en todo el mundo. Así que estamos a las puertas de un nuevo "Fahrenheit 451". Id memorizando y escondiendo los que tengáis.
El Lince
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